A raíz de la invasión napoleónica se da en Canarias una escisión política e institucional sin precedentes, que se arrastra hasta la actualidad. Estos sucesos, que enfrentaron a Santa Cruz de Tenerife con Las Palmas de Gran Canaria y encendieron por ello a La Laguna, Garachico, Lanzarote y Fuerteventura.  

“Pedro Gordillo, representante de este último, propuso incluso la  

posibilidad de separar de sus funciones a los ministros del tribunal por falta de confianza  

y, al fallar en su propósito inicial, pretendió elevar a la superioridad de la nación la queja  

sobre sus procedimientos y una consulta sobre la necesidad de disponer o no de la  

autorización de la Audiencia para convocar cabildos. En cualquier caso, este órgano  

mantuvo su actitud emancipada del resto de autoridades, provocando la aparición de  

movimientos de desobediencia similares en Lanzarote y Fuerteventura, así como en  

algunos pueblos de Tenerife y de La Palma. El obispo Verdugo sería interpelado por el  

comandante durante el mes de agosto porque muchos eclesiásticos estaban asistiendo  

incluso a sus sesiones ordinarias. La justificación del prelado fue que estaba evitando la  

posibilidad de intervenir en estos asuntos «por no ganarse el odio de algunos»  

Santa Cruz tenía la “exclusividad” de “puerto comercial con América”, y esto unido a la “superioridad poblacional y de producción y comercio” se usó como argumento para llevar a las Cortes incipientes de la “España invadida”, y en plena “Guerra de la Independencia”, para que esta ciudad “fuese nombrada Capital de Canarias”. 

Tal “demanda” fue aceptada por las “Juntas” resultantes de la ausencia de poder y la invasión francesa, que devinieron en las “Cortes de Cádiz”. 

“Antonio Porlier, delegado en  Sevilla, destacaba la oportunidad de la solución para poner fin al conflicto e incluso el logro de haber conseguido un diputado para Canarias, pues significaba el reconocimiento de facto de Canarias como provincia española y no americana, pues algunos de «estos  señores no quieren concedernos el título de provincia de Castilla […] quieren que no seamos más que una provincia de América, […] no tenían intención de que nosotros  enviásemos [a un diputado]”. 

Este proceso, fue anulado al retorno de Fernando VII disueltas las “Cortes de Cádiz” y declarado el Absolutismo como forma de Estado para borrar cualquier atisbo de parlamentarismo. 

Durante dichas Cortes fue abolida la “propiedad señorial” de las islas conocidas como “de Señorío”, conquistadas por Señores ya que la Corte de Castilla aún no veía necesario armar una armada real para la Conquista, resultando anulada tal medida como el resto de las decisiones tomadas en Cádiz. 

“El 7 de junio de 1814 se conocía  en Canarias el Real Decreto firmado en Valencia el 4 de mayo que daba por nula y de ningún valor ni efecto la Constitución gaditana y cualquier tipo de decreto depresivo de los derechos y prerrogativas derivadas de la soberanía absoluta del monarca. La Real Audiencia de Canarias procedía asimismo a decretar la disolución de los Ayuntamientos constitucionales para dejar las cosas en el estado en que se hallaban antes del inicio de las turbulencias que habían agitado a la nación durante más de un lustro. Seis días después,  la misma Audiencia reprobaba la Constitución gaditana y todo lo emanado de las  Cortes”. 

De tal magnitud fue el descontento con las decisiones de las “Cortes de Cádiz” en Las Palmas de Gran Canaria, que se tomó la decisión de “independizarse de tales autoridades y colocar en su lugar a hijos del país”: 

“Existen testimonios de ese tiempo que aseguran haberse escuchado declaraciones en esta isla afirmando no reconocer al Consejo, que la autoridad recaía únicamente en el pueblo, quien podía formar un gobierno patriótico independiente de la nación, que había partidarios de actuar sobre los tribunales locales: «quitar a todos los españoles que estaban en la actualidad y poner hijos del país en sus lugares» 

Renglón aparte merece la “guerra por la Universidad”, que comienza desde el 1.700, con batalla entre Franciscanos y Jesuitas azuzada por el Obispado, sito en Gran Canaria para que la Universidad no estuviese en La Laguna. 

Todo este encono da lugar al “Pleito Insular” que termina con la secesión de Canarias en dos provincias, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, en 1927 y que se alastra hasta cuando Santa Cruz de Tenerife sacó a la calle, en una vergonzosa manifestación orquestada por A.T.I. embrión de la actual “Coalición Canaria», a miles de personas “en contra de una Universidad en Las Palmas de Gran Canaria». Las manifestaciones contestaron desde Las Palmas con otra concentración, el 7 de Julio de 1982 y con más de 200.000 personas a favor de que se abriese una Universidad en Las Palmas de Gran Canaria, ya que el alumnado debía trasladarse a La Laguna si quería cursar estudios superiores. 

Este Pleito ridículo tiene su expresión más grotesca durante el Debate de Aprobación del primer Estatuto de Autonomía de Canarias, también en 1982, cuando se discutió “la conveniencia de instalar el Parlamento canario en un “ferry” para evitar descompensaciones entre las dos provincias, sucediendo lo mismo con la Sede de la Presidencia de Canarias. 

Alejandro Lantigua Ojeda y Sergio Solbes Ferri (2023). «Cambios
institucionales ocurridos en Canarias durante la Guerra de la Independencia española (1808-1814). Un
germen para futuras desavenencias». Anuario de Estudios Atlánticos; nº 69: 069-020

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